Supremo ratifica ley contra empleo de ilegales
Washington -- La Corte Suprema ratificó el jueves una ley de Arizona que impone duras penalidades a las empresas que contraten inmigrantes ilegales.
La decisión de 5-3 significa una luz verde para los enérgicos esfuerzos de los estados combatir el empleo de trabajadores ilegales. La opinión de la mayoría, escrita por el juez presidente de la Corte Suprema, John G. Roberts, a nombre de los cinco miembros más conservadores del tribunal, destacó que Colorado, Mississippi, Missouri, Pennsylvania, Tennessee, Virginia y Virginia Occidental promulgaron recientemente leyes similares a la que de discutió en este caso.
El fallo no respondió directamente a una segunda, y más reciente, ley de Arizona que requiere en algunas circunstancias que la policía pregunte sobre su situación migratoria a las personas a las que les da el alto. La Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito bloqueó el cumplimiento de esa ley en abril, y el caso puede alcanzar pronto la Corte Suprema.
El desafío a la ley de Arizona más antigua, que fue el tema de la decisión del jueves, lo presentó una coalición de empresas y grupos de libertades civiles, con apoyo de la administración de Obama. Según ellos, la Ley sobre los Trabajadores Legales de Arizona entra en conflicto con la política federal de inmigración.
La decisión cambió en su mayor parte el significado de una cláusula de la ley federal de 1986 (Ley de Reforma y Control de Inmigración) que invalidaba a “cualquier estado o ley local imponer sanciones civiles o criminales (excepto las de conceder licencias y otras similares) a los que emplean” inmigrantes no autorizados para trabajar.
La cuestión era si Arizona estaba autorizada para cambiar las penalidades de la ley federal de 1986 con otras más duras. El estado alegó que la frase entre paréntesis -excepto las de conceder licencias y otras semejantes- le permitía suspender o revocar las licencias empresariales a los que repiten las violaciones. Los críticos calificaron esa cláusula de la ley estatal como una “pena de muerte a las empresas”.
El presidente de la Corte Suprema Roberts escribió que la palabra “licensing” [conceder licencia] debería leerse de forma amplia para permitir a los estados complementar los esfuerzos federales para prevenir la contratación de trabajadores ilegales. A su decisión se unieron los magistrados Antonin Scalia, Antonhy M. Kennedy, Samuel A. Alito Jr. y, en la mayoría de sus partes, Clarece Thomas.
El magistrado Stephen G. Breyer, en una discrepancia a la que se unió la magistrada Ruth Bader Ginsburg, dijo que la palabra “licensing” en la ley federal debería leerse como “sistemas de licencias relacionados con el empleo” y no todas las licencias. “¿Por qué no una ley de licencias para autos” preguntó Breyer sobre la interpretación de la mayoría. “¿Por qué no una ley sobre las licencias para perros?”
Roberts respondió que el Congreso podría haber limitado fácilmente la frase si hubiera querido. “Si estamos haciendo preguntas”, agregó, “una más reveladora podría ser ¿por qué, si el Congreso había intentado excepciones tan limitadas a su prohibición de sanciones estatales, no dijo simplemente eso, en vez de exceptuar “las licencias y leyes similares” en general?